El Ministerio Público y la Cicig volvieron a dejar claro que la vieja Guatemala está podrida hasta el fondo.
Casi no es noticia el número de gente en prisión o pendiente de captura por ser parte de la mafia que organizó Alejandro Sinibaldi. Pero aún es notable la variedad de funcionarios, empresarios, gerentes y gente de a pie involucrada.
(más…)Aquí lo urgente es acceder de forma directa y efectiva al poder del Legislativo para controlarlo y cambiarlo.
Dieron nueva evidencia de bajeza los diputados, como si la necesitáramos. Con el cinismo usual se recetaron otra barbaridad en exclusivo beneficio propio.
Mostrando una unidad ausente para lo importante y para lo urgente de la agenda legislativa, los insaciables congresistas se prescribieron un bono 14 y un aguinaldo calculados sobre todos los ingresos que perciben, no sobre su salario base, como manda la ley.
El camino era obvio: desconocer las garantías políticas del presidente quitándole el derecho de antejuicio y aprobar sin más vueltas las reformas a la LEPP que presentó el Tribunal Supremo Electoral.
El Salvador se ha debatido en las últimas semanas al borde del abismo. Con poco menos que una declaración de guerra, las pandillas usaron sus amenazas al transporte urbano para chantajear a la sociedad entera y forzar al Estado a una negociación.
El hecho desalienta cuando pensamos que no hace ni un cuarto de siglo que los salvadoreños respiraron aliviados ante el fin de la guerra civil. Pero no mire de reojo a los vecinos pensando que somos tan distintos. De forma menos violenta, pero igualmente nefanda, pasa aquí otro tanto. Faltarán los tatuajes, pero aquí unos pandilleros igualmente peligrosos —¡más peligrosos!— le declararon la guerra a la sociedad entera y asaltan el Estado.
Lo que necesitamos no es simplemente nombrar notables para mover instituciones de aquí para allá, creando ilusiones de cambio, sino redefinir la forma en que nos relacionamos los ciudadanos con el Estado, con el poder, con la riqueza, con el bienestar y las oportunidades.
Dice el diccionario que ciudadanía es «la cualidad y derecho de ciudadano», «el conjunto de los ciudadanos de un pueblo o nación», y el «comportamiento propio de un buen ciudadano». Hoy las tres acepciones nos sirven bien: estamos ejerciendo nuestra ciudadanía, estamos re-aprendiendo a reunimos como ciudadanos, estamos ejercitando las conductas de la buena ciudadanía.
Ante la necesidad de enfrentar el futuro, buenos y malos de entre los legisladores buscan un excepcional acuerdo: por decreto, ¡no cambiemos nada!
¡Qué asombrosa capacidad tenemos los chapines de escoger mal! Ante la urgencia de progresar, preferimos escoger el pasado malo, que arriesgarnos a encontrar mejores opciones.
Las reacciones conservadoras ante el desarrollo del juicio a Ríos Montt y Rodríguez Sánchez son ejemplo visible. Debiendo escoger entre purgar la mala conciencia nacional y hacer como que aquí no pasó nada, muchos meten la cabeza en la arena como el proverbial avestruz. Actúan así incluso amas de casa y profesionales urbanos de clase media, que no tienen vela en ese entierro, para quienes dilucidar la suerte de los generales retirados no acarrea costos ni beneficios directos. Asombroso, repito.
Toca al gobierno central fijar la prioridad para todos: cerrar las brechas de inequidad territorial en educación.
Ponga atención, porque esto es importante: sin al menos diez años de educación para todos y cada uno de los guatemaltecos, no saldrán los pobres de la pobreza; pero tampoco saldremos de la miseria usted, yo, los Castillo ni los Widman.
Sin embargo, la educación para todos no se logra por decreto y de un plumazo. Necesita el esfuerzo persistente, y a pequeña escala, a lo ancho del país. Exige un pacto extenso que comprometa de manera específica y local a todos: funcionarios departamentales del Ministerio de Educación, municipalidad (sí, también la de la capital), líderes comunitarios, maestras y maestros, padres de familia y los propios estudiantes.
Para ser eficaces en educación es indispensable movilizar el compromiso y los esfuerzos de mucha gente, por todo el país y a todo nivel.
La educación no se presta a soluciones de corto plazo. Es posible construir una escuela en tres meses y dotarla de libros en una semana. Sin embargo, asegurar que los niños y niñas tengan los conocimientos necesarios para una vida exitosa y feliz toma al menos una década.
Por diez largos años, los estudiantes deben ir a clases al menos 180 días cada año, trabajar atentamente en clase al menos cinco horas cada día, recibir orientación y sistemáticamente agregar conocimiento nuevo al conocimiento previo. Todos los que hemos tenido el privilegio de una educación sabemos que no es fácil y no hay atajos. Toma mucho tiempo y mucho esfuerzo.
Tres elementos resultan claves para lograr resultados. Primero lo obvio: que los estudiantes estén en una escuela segura y agradable. Esto es asunto de eliminar barreras: la distancia, el peligro, la desconfianza de los padres, el uso de un idioma ajeno, la falta de sanitarios decentes, todos son factores que pueden estorbar. De quién es el edificio, eso es secundario; lo importante es que sirva, se use y se mantenga.
Campesinas, alcaldes indígenas, normalistas, mareros, ¿qué diablos quieren?
El problema es que la ciudadanía está mal definida, y no todos cabemos en ella. Guatemala ha sido segmentada en auténticas castas: ciudadanos de primera, de segunda, e infelices “otros”. Mientras los pocos son bien servidos, los muchos no tienen protección ni consuelo, aunque tengan DPI.
El sustrato racista de esta división viene de la Colonia, pero sus formas modernas son de la Reforma Liberal de 1871. Entre 1944 y 1954, los democratizadores de la Revolución de Octubre le metieron un susto a la élite, y tocó hacer ajustes al viejo modelo liberal. Ejemplar fue la tolerancia al IGSS. Aunque obra de la Revolución se le conservó, pues compraba cancha con sindicatos y maestros. Su alcance mínimo y nunca expandido demostró que era un favor para algunos, más que reconocimiento del derecho más amplio. A la vez, se apretaron los tornillos que hicieron al Estado más duro.
Adopte por un momento el plan de bobo y pregúntese, ¿cómo evita la violencia el encaramarse en un promontorio de tierra?
Por supuesto, a menos que los montañistas fueran los violentos, o la violencia estuviera en el volcán, la relación es más bien indirecta. Entonces, ¿para qué subir un volcán bajo estas circunstancias? Yo me atrevo a decir que es para hacer ejercicio. No el ejercicio obvio del cuerpo, que enfrenta la exigencia de dos kilómetros y pico de ascenso, sino el ejercicio del músculo moral, que nos dice que una causa justa bien vale un sacrificio. El ejercicio del músculo social, que nos muestra que en medio de todo, la clase media (no se engañe, esta es la que subió) es capaz de ponerse de acuerdo, organizar la logística, vencer la pereza y el inmovilismo y decir: aquí estoy, no me podrán ignorar.
Pues bien, apenas dos semanas y media después de ir al gimnasio volcánico, yo le quiero sugerir que a esa clase media muy pronto le tocará mostrar si puede usar sus recién ejercitados músculos morales y sociales en cosas mayores. En los últimos días hemos visto al nuevo gobierno impulsar con decisión la impostergable reforma fiscal. Al fin, podríamos agregar. Esa será la buena causa que necesitará nuestro sacrificio, como ya señalan algunos, y yo me incluyo.
Sin embargo, con decepción hemos visto también cómo la misma iniciativa, que exige sacrificio a la clase media urbana –profesionales y asalariados– amenaza con dejar sin mayor exigencia de sacrificio a las élites. “El PP apuñala a la clase media”, dice Gustavo Berganza sin más contemplaciones. En esta tierra de privilegio ello no es sorpresa, por supuesto. La pregunta clave es si esa clase media estará dispuesta a usar el músculo moral para afirmar que pagará su parte, pero también el músculo social para insistir en que no está dispuesta a subsidiar a una élite irresponsable.
Sabiendo que nadie en su sano juicio abandona un privilegio a menos que se lo arranquen, ¿volveremos a callar mientras otros deciden sobre una reforma urgente, pero de manera injusta? Serán los actores de siempre el CACIF y algunos en el gobierno, quizá los maestros y sindicatos en la calle, ¿o asumiremos la clase media urbana un papel como ciudadanos?
Diez y ocho mil personas subieron el volcán. Diez y ocho mil personas, en su mayoría jóvenes, que heredarán un fisco quebrado o sostenible, desigual o justo. ¿Cuántos ayudarán a decidir esto, subiendo el volcán del sacrificio que significa pagar impuestos? ¿Cuántos subirán el volcán que significa no callar, sino exigir a sus pares más acaudalados que también paguen su parte?
Original en Plaza Pública.
Esto no le va a gustar, pero de todas formas se lo voy a decir. Hoy nos están apretando a los que más ganamos entre los asalariados y los profesionales con los cambios al ISR, y nos duele.
¡Claro que nos duele! Todos preferimos tener el dinero en el banco o a la mano, y decidir libremente para gastar hoy y aquí, en lo que queramos y cuando lo queramos.
Sin embargo, no se engañe. Dinero contante y sonante no es prosperidad, si a cambio le toca poner a los hijos en un colegio privado –caro pero por lo menos bueno–, porque no hay escuelas públicas de calidad. Hoy le toca arriesgar la vida y la hacienda cada vez que sale a la calle, porque no hay policías profesionales. Entonces, ¿de qué sirve el dinero en la mano si el precio de tenerlo es una sociedad en harapos?
Así que hoy nos está tocando a la clase media, a punta de legislación, hacernos adultos como ciudadanos contribuyentes, sí o sí. Ante ello es fuerte la tentación de responder con el tradicional, obtuso y manipulado “no a los impuestos”. Tras 50 años en que el CACIF nos ha metido con cuchara que lo que le conviene a los pocos le conviene a los muchos, esto nos sale muy natural. Sin embargo, sería perder una oportunidad dorada. Algo así como, habiendo cumplido los 18 años y pudiendo hacer cualquier cosa, escoger comportarnos como lo hacíamos a los siete. Así que, en vez de pedir el puré “Gerber” de un Estado mágico, que nos dé todo sin que nadie lo financie, mastiquemos las cuentas de lo que realmente toca hacer.
Primero lo obvio: si vamos a pagar más, debemos exigir que se use mejor. Si me van a sacar más plata, yo de veras quiero ver esos policías (ojo, no soldados) patrullando calles, constituidos en servidores públicos, no en amenazantes mordelones. Si me van a sacar más plata, pues insisto en ver a todos los niños y niñas en la escuela aprendiendo, sin excusas. Si esperan mi conducta adulta como contribuyente, exijo políticas adultas. La universalización de la protección a la salud sería un buen comienzo. En suma: en la dimensión de Estado como servicio, si me van a hacer pagar más, insisto en recibir mejor servicio.
Ahora bien, la oportunidad que le pinto tiene otra dimensión, aún más importante. El Estado no es simplemente un servicio que compramos al dar nuestro dinero al fisco. Oliver Wendell Holmes lo dijo de forma precisa: los impuestos son el precio que pagamos por una sociedad civilizada. Esto tiene al menos dos implicaciones importantes. Primero, la de la solidaridad. Si los guatemaltecos somos tan buenos y tan amables como nos gusta creer (“qué gusto verlo”, “¿en qué le puedo servir?”, “cuente conmigo”), debemos mostrarlo con hechos. No la limosna dada con asco al estar parados en un semáforo, sino la contribución constante y significativa para dar oportunidades y medios a los más pobres, que en esta patria son muchos. Esto es, más que una necesidad práctica, una obligación moral y una responsabilidad de ciudadanía.
La segunda implicación tiene que ver con la equidad y la justicia: si unos vamos a pagar, esperamos que otros que tienen más, igualmente contribuyan más. Aquí es donde a nuestra clase media, a la que hoy se le está pidiendo más dinero, le toca tornarse adulta como actor político, ¡y actuar! Otto Pérez Molina me pide compromiso, y Pavel Centeno, su Ministro de Finanzas, correctamente lo traduce en que los impuestos se llaman así porque se imponen. Entonces, yo les exijo a ambos, con nombre y apellido, que igualmente garanticen que los más ricos y privilegiados de nuestra sociedad también deban hacerse adultos y poner su parte en el bien común. Quiero ver a mis mandatarios y mis representantes reflejar los intereses de la mayoría y rechazar las componendas, no importa cuántas sean las deudas de campaña que ellos contrajeron, no yo.
¿Se apunta usted a pedir lo mismo? Esto no es lucha de clases, es mayoría de edad ciudadana.
Original en Plaza Pública
