Sugieren algunos estudiosos que la razón no sirve para encontrar la verdad, sino que apenas evolucionó en los humanos para ayudarnos a ganar argumentos.
Esta teoría argumentativa de la razón viene al caso luego de leer La discordia por el consejo de administración judicial, una nota de Édgar Ortiz en República. En primera lectura, la nota presenta una «postura razonable y razonada», lo cual se le agradece a un medio dado con lamentable frecuencia al panfleto más que al argumento.
El ejército que tenemos es una institución impenitente: nunca pudo admitir su papel en los vergonzosos crímenes de la guerra. No supo, no quiso reconciliarse con la sociedad.
Ya vendrán tiempos para hacer balance de esta administración, con sus muchas falencias y algunos éxitos. Pero una lección es ya obvia: debemos excluir a los militares del gobierno.
Para algunos no es novedad. Personalmente, hace ratos pienso que no necesitamos gobiernos con militares, por la simple razón que no debiéramos tener ejército. Costa Rica lleva décadas ilustrando las ventajas. Políticamente es un desafío, financieramente es un gasto injustificable, y operativamente es insuficiente para garantizar la soberanía nacional o ejercer la defensa de las fronteras de un Estado con la debilidad del nuestro. La magnitud de los retos globales –incluyendo el narcotráfico– garantizan que «[s]i mañana tu suelo sagrado / lo amenaza invasión extranjera», no será el ejército el que nos saque del aprieto, aunque quiera.
El llamado a una reforma constitucional ha sido constante durante este gobierno. Es evidente que el sistema político hace agua, y cada nueva crisis abre más las grietas.
Hace unos días, el Presidente volvió al tema. El fracaso en la selección de magistrados dio un argumento que parece incontestable: si se repite el proceso sin cambiar normas ni actores, el resultado será el mismo. Sin cambiar la Constitución, no evitaremos la indebida manipulación del proceso.
En nuestra Guatemala corporatista, los ciudadanos de a pie –yo que escribo y usted que me lee– valemos poco para modificar las propuestas.
La esperanza de prevenir la trampa al aumentar el detalle muy pronto nos llevará al punto donde más que Constitución, lo que tendremos será el “Código Político de la República Cuasidemocrática de Guatemala”, algo así como su manual de operación.
Pues bien, en medio del alambicado detalle operativo (“nueve magistrados, no trece”) de la más reciente ronda de parches, me llama la atención una isla de simplicidad, una modificación elegante, una cuña bien puesta que dice todo lo que hace falta, que no explica más de la cuenta, que abre la puerta para el desarrollo institucional futuro, en fin, un golpe maestro de reforma constitucional. Son apenas ocho palabras con que se propone modificar al artículo 244: “… es una institución permanente al servicio del Estado.” (Las cursivas son mías). No, no se trata de la implementación de la cobertura universal de salud, o de la educación bilingüe intercultural como la forma oficial en que se educa en Guatemala. Esas ocho palabras, en particular la que resalto, se le pretenden aplicar mediante esta reforma al Ejército de Guatemala.
