Guatemala enfrenta una crisis constitucional. El país ha llegado a un punto de inflexión, quizá a una bifurcación en el camino.
No me refiero a problemas en el documento de la Constitución. Ciertamente la imposibilidad de disciplinar las ilegalidades del juez Orellana y del Ministerio Público destaca fallas del texto. Pero la crisis en 2023 implica algo más amplio: hay problemas en cómo está constituida Guatemala como comunidad político-económica. Debemos reconocer los retos en cómo nos relacionamos entre guatemaltecos y con nuestra riqueza humana, material y natural. Solo entonces servirá cambiar la ley fundamental.
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