Por malentendida solidaridad, los dueños de empresa, beneficiarios netos de un buen sistema educativo, callan ante las debilidades de la educación privada. Es una lealtad desafortunada.
La educación es un derecho humano universal. Es un derecho, porque el Estado reconoce su goce a las personas, por su mera ciudadanía. Es un derecho humano, pues permite a las personas su más plena realización, simplemente por existir.
Aún a riesgo de redundar, agrego que es un derecho humano universal, pues no admite exclusiones ni diferencias. Todos debemos tener oportunidad de una educación con calidad y alcances similares, sin depender de nuestra condición social, etnicidad, credo o capacidad de pago.
Hay quienes cuestionan esto. Argumentan que la educación es una mercancía, no un derecho. Cuestionar los derechos para otros es fácil cuando se está en ventaja: en un sistema que segmenta por capacidad económica, es sencillo recetar que la educación se venda, cuando tengo para pagarla. Es fácil afirmar que la sartén es propiedad privada, cuando el mango está en mi mano.
Más allá de esa obviedad egocéntrica, hay un problema filosófico. Garantizar transacciones de la “mercancía-educación” exige ejercitar otro derecho: el de propiedad privada. Y con esto el problema simplemente cambia de ámbito: ¿quién decide cuáles son derechos inherentes y cuáles no? Propiedad sí, educación no. ¿Por qué? Es un asunto de acuerdos sociales, construidos arbitrariamente, ya como expresiones del poder, o de la conveniencia racional.
Si la educación expresa el poder y mi interés es excluir, tendrá sentido organizarla como mercancía, para lucrar con los servicios, o para excluir a algunos de sus beneficios. Esta es nuestra historia. Contratar trabajadores agrícolas sin educación, con sueldos bajos, ha ofrecido por muchos años enormes ganancias. Aún persisten las ventajas políticas de mantener en la ignorancia a muchos.
Sin embargo, hoy la conveniencia subraya lo que otros han aprendido: trae muchas ventajas un sistema de educación universal, que garantiza a todos iguales oportunidades para educarse. Ventajas económicas porque nos hace más productivos; políticas porque nivela la capacidad para ejercitar la ciudadanía; sociales porque estrecha lazos entre clases y entre grupos; culturales porque ayuda a construir aspiraciones compartidas.
Este marco utilitario permite examinar el papel del sector privado en la educación sin apasionamientos. Reconocer la educación como derecho humano universal –un asunto político– permite ver la provisión como el reto técnico de procurar igual oportunidad de recibir una educación de equivalente calidad para todos, sin distingo. Hasta podría ser de provisión privada (¡horror!), si se cumplieran tres condiciones: 1) financiamiento público canalizado con equidad para superar barreras por capacidad de pago de los hogares, 2) vigilancia efectiva sobre la calidad de los servicios, y 3) prohibición a los colegios de seleccionar los estudiantes, pues deben garantizar educación a todos, no sólo a los que van a salir bien a pesar de la escuela.
No pienso que estas tres condiciones se puedan cumplir en nuestra sociedad, y por eso apuesto por la provisión pública para todos. La expansión exitosas de la primaria en las últimas tres décadas mostró que el sector público es efectivo, barato y equitativo para asegurar el derecho humano universal a la educación. El estrepitoso fracaso en las pruebas del Básico1, con 45% de planteles privados y resultados malos casi por parejo, muestra que la provisión privada es tan incompetente como la pública. El servicio público trae problemas, claro, pero son más manejables que los perversos incentivos de lucro puestos en manos de quienes deben ofrecer un servicio público.
Debe por ello hacerse una distinción crucial: no es igual el interés del empresariado en la educación, que el interés del empresario educativo. Por una malentendida solidaridad de clase, los dueños de empresa, beneficiarios netos de un buen sistema educativo al contratar egresados, callan ante las debilidades de la educación privada, incluyendo las universidades. Es una lealtad desafortunada. Lo que conviene a los primeros (graduados de un sistema que garantice educación de calidad, a precio razonable y para todos), es lo opuesto a lo que buscan los segundos (producir graduados con poco gasto, ganancias altas, y libres de la vigilancia gubernamental).
No se trata de ser anti-empresariales, sino de reconocer dónde conviene la empresarialidad. Como ejemplo, mientras unos se empeñan en negar que el mercado tiene problemas para entregar algunos servicios públicos, otros ahogan al Estado con el desarrollo y distribución de textos, a pesar de ser estos mercancías netas, susceptibles de desarrollarse de forma descentralizada, aprovechando lo que el mercado hace mejor. Superar esta irracionalidad exige primero acabar con el perverso reflejo que dice: “privado, privado”, cada vez que toca resolver un problema social. Basta de meter zancadilla al interés común, ¡si hay tanto espacio para hacer bien las cosas!
1 Ya no me da tiempo para tratar con propiedad el resultado de las evaluaciones de 3ero Básico de 2013, recién publicado. Valga apenas decir aquí: primero, bien por el Ministerio de Educación, que al fin publicó unos datos que le van a valer –merecidamente– una lluvia de palos; segundo, por donde vamos no es. Si seguimos haciendo lo que estamos haciendo, con los líderes que tenemos, atrapados en las discusiones que tenemos, simplemente no vamos a llegar a algo mejor. No importa si usted es maestra, empresario, sindicalista, cabeza de Think Tank, vecino, o funcionario de este gobierno militaroide y chambón, entienda: no… es… por… aquí.
