No es que la justicia indígena necesite de la Constitución para funcionar. Es que nuestro Estado necesita incorporar la justicia indígena para perfeccionarse.
¿Alguna vez ha probado insultar a su perro con amabilidad? Dígale groserías en un tono cariñoso. ¡Brincará de felicidad!
Aunque da para reírse un rato a costillas de la mascota, la relación entre lo que se dice y cómo se dice es muy seria cuando las palabras gentiles esconden intenciones menos amables. Un ejercicio de tal amaño es el mensaje del presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) sobre la jurisdicción indígena:
No conozco personalmente a González Campo, pero parece una persona conciliadora. Sin embargo, el video que comento no es de José el ciudadano, sino del presidente del Cacif. Lo dicho cuenta tanto como la forma como se dice.
Empieza planteando que explicará «la posición del sector productivo»[1]. Desterremos ya esa falacia. Productivo es también el campesino indígena, el burócrata que trabaja, ¡hasta el columnista! González Campo representa al sector empresarial de élite. Nada más.
Pero divago. Aplaudo que al fin desde el Cacif alguien invite a no descalificar. Tocará ahora que el Cacif mismo lo practique, pues esas declaraciones de hombres mestizos de tez clara, sentados en fila y con traje, han sido solo para decir no, siempre no.
Imposible disentir cuando pide una justicia pronta y cumplida, independiente, con magistrados y jueces probos y calificados. Nadie riñe con el Día de la Madre. El problema es pagar el pastel. Porque dice el presidente del Cacif que «hay reformas urgentes y necesarias», pero urgentes resultan solo sus iniciativas (¿recuerda la presión por deformar las garantías laborales en municipios de oriente?). Necesarias, nunca las propuestas de alguien más.
Agrega que la reforma «debe construir sobre la lucha contra la corrupción iniciada en el año 2015». Corrupción que el Cacif apañó entusiasta con Pérez Molina. Lucha que el Cacif resistió solamente cerrando a regañadientes sus negocios el 27 de agosto de ese año. Más aún, construir sobre no es construir solo, como si un edificio fuera únicamente cimientos hasta el techo. Luchar contra la corrupción es punto de partida. Pero es la justicia el punto de llegada.
Afirma el compromiso de su gremio contra la corrupción «con respeto al marco legal…». Y pregunto: ¿a quién sirve ese marco legal? Agrega: «… y a los derechos individuales». Olvídese de los derechos colectivos, aunque el fin supremo del Estado sea el bien común. Pero insiste: esa lucha contra la corrupción es la batalla en la que debemos estar unidos. Traducido: hasta los pueblos indígenas deben seguir a la élite en contra de la corrupción, pero ella no tiene por qué apoyar las causas de otros. Todo lo tuyo es mío y todo lo mío es mío.
Siguiendo con la condicional artera, reitera el Cacif su respaldo a la Cicig y a su comisionado «para que con estricto apego a la ley nos acompañen…». El Cacif pidiendo a la Cicig que se apegue a la ley. Hágame favor.
Entrando en materia, la cosa se aclara. Dice González Campo que «la cultura indígena es motivo de orgullo para Guatemala que todos debiéramos conocer mejor». Algo así como pedir que nos enorgullezcamos de la selva y de sus animales: reduce lo indígena a simple folclor. Pareciera no estar enterado: la cultura indígena no es adorno, sino experiencia vivida de millones de guatemaltecos que ya la conocen y se enorgullecen de ella.
A pesar del folclorismo, admite que la justicia comunitaria funciona bien, pero (siempre hay un pero) replica que la Constitución ya reconoce normas, usos y costumbres indígenas. Sin embargo, la Constitución solo habla de proteger grupos étnicos, tierras, trabajadores, patrimonio cultural y «lenguas vernáculas». Reconocer una jurisdicción es algo muy distinto. Y es aquí donde se aclara el grave error que propala el Cacif cuando su presidente pregunta: «Si este sistema […] funciona hoy y bien, ¿realmente necesita una modificación constitucional para que lo haga de una mejor forma?». Trastoca enteramente el asunto. No es que la justicia indígena necesite de la Constitución para funcionar. Es que nuestro Estado necesita incorporar la justicia indígena para perfeccionarse.
Sembrado el error, ya puede concluir el discurso. Pide a su sector (repito: son la élite, no el «sector productivo») que defienda sus argumentos con claridad y firmeza, pero con respeto a los demás. «Qué bien», digo. Y agrego: «Ahora ve y no peques más pagando videos anónimos, buscando acceso preferente al Gobierno, controlando los medios de comunicación». Porque no basta decir que el otro tiene derecho. Hay que garantizarle una voz efectiva. La responsabilidad del poderoso no es perorar inflexiblemente, sino asumir los riesgos del cambio. Pedir que «apoyemos una reforma responsable» cuando eso significa acatar sin chistar lo que quiere el Cacif no es ni reforma ni responsable.
Les recuerdo a usted y, por supuesto, al presidente del Cacif cuando llama a enfocarnos «en lo que nos une, y no en lo que nos divide», que aquí la estridente crítica a la reforma del artículo 203 no salió sino de ellos. Aquí quien se enfoca en lo que nos divide es el Cacif. Aquí el alboroto lo causaron ellos, nadie más.
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Para terminar en tono positivo: afortunadamente, no todo mundo se traga el cuento de que el sector productivo es solo el Cacif. Justo hoy arranca la Cumbre de Innovación Social y Empresarial de Socialab Guatemala. Con apoyo de Banrural explora ideas, iniciativas y rutas excepcionales para solucionar los problemas económicos y sociales de nuestro país. Es de entrada gratuita y contará con algunos invitados internacionales muy interesantes como Joan Melé, innovador financiero catalán, Julián Ugarte, fundador de Socialab Chile, y Reginaldo Haslett-Marroquín, emprendedor guatemalteco.
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[1] La mayoría de los vínculos en esta nota lo llevarán al punto del video al que hace referencia la cita respectiva.
