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El Estado sirve para organizar el poder en una sociedad. En democracia, esa organización nos permite al conjunto de la ciudadanía conseguir lo que no logramos de forma individual.

En Guatemala, sin embargo, la organización del Estado no sirve al bien común, sino beneficia deliberadamente a pocas personas. Debemos afirmar que el nuestro es un Estado perverso. Esto se hizo evidente —otra vez— con el caso de Gustavo Alejos, el mafioso operador político que interfiere en la elección de jueces y magistrados. El conjunto de personas e instituciones que en teoría están obligadas a procurar la justicia como interés general se articula, en cambio, pieza a pieza para garantizar el interés de pocos.